16 de agosto de 2016

LOBBISTAS EN ALERTA: BUSCAN REGULARLOS

La reunión se produjo en el salón federal del Centro Cultural Kirchner. Las ventanas abiertas tenían vista a la Casa Rosada y la temperatura primaveral no dejaba en evidencia el ahorro energético propuesto en las dependencias públicas por parte del presidente Mauricio Macri.
Adrián Pérez, secretario de Asuntos Políticos e Institucionales de la Nación, fue quien encabezó la reunión con el anzuelo de la elaboración de una Ley de Gestión de Intereses. En castellano: la fórmula para regular las acciones de lobby ante los diferentes organismos del Estado nacional (Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Judicial). Hasta ahora, sólo regulado por el decreto 1172 de acceso a la información pública que obliga al Ejecutivo al registro de audiencias de sus funcionarios.
 


Foto: LA NACION
Las dos horas del debate no tuvieron desperdicio. Menos cuando a uno de los presentes se le ocurrió la propuesta de generar el registro argentino de lobbistas. Es decir, una especie de listado entre los que serían "matriculados" y los que no. La propuesta fue rápidamente descartada.
"¿Qué pasaría por ejemplo en un pueblo en el que un empresario se acerca a un intendente y no es de los registrados?, ¿cómo se administraría en la práctica lo que suena muy lindo desde una académica teoría?", se enojó uno de los representantes de una multinacional.
Además de Pérez, la subsecretaria de Fortalecimiento Institucional, Marina Carbajal, moderó el encuentro. Por el sector empresario Jaime Campos (titular de AEA); Miguel Blanco (director ejecutivo de IDEA); Miguel Etchevehere (presidente de la Sociedad Rural Argentina) y Martín Dedeu (asesor jurídico de la Unión Industrial Argentina), entre otros, fueron de la partida. Juan Carlos Villalonga, diputado nacional de Unión PRO y Fernando Rubín, gerente general del Banco Hipotecario y la excepción a la regla local como el único psicólogo entre los presidentes de bancos, fueron otros de los que expusieron. Representantes de las ONG Cippec y Directorio Legislativo y el ex titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, aportaron su visión.
La elección de los invitados no fue improvisada: se buscaron referentes del mundo corporativo y Fernando Cinalli, titular de S+R Seguros y uno de los hombres clave de IDEA, tuvo un papel preponderante. Desde hace tiempo investiga el tema y lo impuso en la agenda de los Coloquios de Mar del Plata como uno de los ejes a seguir de cerca.
"Se trata de la primera reunión de una serie de no más de tres encuentros que contribuirán a la construcción de una ley que genere más transparencia en la relación público-privado", se entusiasmó Pérez. La próxima audiencia está prevista para los primeros días de septiembre.
Por su parte, Rodrigo Mora Ortega, referente del gobierno chileno en materia de transparencia fue el único invitado regional a modo de leading case. "En Chile la ley de lobby regula los estándares de ética pública y el funcionario debe llevar un registro de audiencias, donativos y viajes. El que no cumpla con ello tiene multa y hasta se lo puede destituir." Cabe aclarar que en el país vecino hubo hasta cinco intentos antes de implementar la ley definitiva que hoy rige.
En la Argentina, la ley de ética pública tiene especificaciones sobre los regalos, pero no regula los donativos y viajes. Es decir, no existe la obligación de publicarlos.
En el CCK los lobbistas de bancos, aeropuertos, automotrices dialogaban por lo alto y también por lo bajo. De hecho al cierre de la reunión de 40 asistentes se esgrimieron los primeros lineamientos de un documento al que tuvo acceso LA NACION.
Allí se afirma que se considerará como "una audiencia de gestión de intereses" a toda reunión personal o por videoconferencia entre un sujeto obligado por la ley y quien pretenda influir sobre el proceso de toma de decisiones de un funcionario público a favor de un interés propio o ajeno, sea de modo remunerado o gratuito, habitual u ocasional, planificado o incidental.
Para ello buscan establecer qué procesos de toma de decisiones son objeto de regulación. Entre los primeros puntos que ya se acordaron aparecen:
El curso y resolución de expedientes administrativos.
La elaboración de un anteproyecto o proyecto de ley o cualquier otra norma en sentido general.
El procedimiento de contratación de bienes o servicios.
La elaboración e implementación de políticas públicas.
El procedimiento para acuerdos senatoriales.
Los nuevos registros también supondrán nuevas responsabilidades para los funcionarios que, en caso de sancionarse la ley, estarán obligados a cargar y mantener actualizados los registros públicos y online de las audiencias de gestión de intereses que mantengan. Ya no bastará con lugar, fecha y hora o nombre de solicitantes y asistentes, sino también con el nombre o razón social de la persona, cuyos intereses se gestionaron y una síntesis del contenido de la audiencia. También deberán registrarse los viajes a más de 70 kilómetros que no hayan sido solventados por el funcionario y los datos imprescindibles serán lugares y fechas, motivos de las actividades, monto de los viáticos y nombre de la persona o entidad que los solventa.
El debate por cuáles serán las sanciones que reciban los funcionarios que incumplan con los requerimientos quedó abierto para el nuevo encuentro.
"En algunos países se opta por multas pecuniarias y en otros directamente por la destitución cuando se compruebe que intentó ocultarse algo al interés genuino de los ciudadanos", graficó un participante de la reunión.
También está bajo análisis la "igualdad de armas". Es decir que cuando se debata un tema particular haya reciprocidad por parte de todos los actores y que no sea optativo sino obligatorio. "Eso no es justo", concluyó un lobbista aún adicto a las viejas prácticas.



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